El primer caso registrado como desaparición forzada en Colombia y reconocido como modalidad represiva para eliminar opositores políticos al régimen, se remonta al 9 de septiembre de 1977, con la detención desaparición de Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 30 años, con tres meses de embarazo y militante de izquierda.

 

En estas dos décadas este crimen atroz se caracterizó por ser selectivo, previa vigilancia, seguimientos, operativos de inteligencia y ejecución por parte de organismos de seguridad del Estado sobre las víctimas.

Los familiares de las víctimas, con el dolor, la angustia e incertidumbre de no saber lo que estaba sucediendo con sus seres queridos, Detenidos – Desaparecidos y ante los interrogantes de ¿Quién se los había llevado? Por qué se los habían llevado? Pero sobre todo ¿Dónde estaban?Acudieron a las autoridades gubernamentales con la esperanza de obtener respuestas y con la confianza del regreso inmediato a casa de sus seres queridos. Y por el contrario fueron atendidos con frases ofensivas y sarcásticas, que no solo ponían en duda la ocurrencia de los hechos, sino que además, afectaban la dignidad y el buen nombre de los desaparecidos, asumiendo una total negación de la ocurrencia de esta práctica represiva en Colombia.

Ante la situación de insensibilidad, de no respuesta y de negación, los familiares de los detenidos- desaparecidos deciden aunar esfuerzos en la búsqueda, organizándose como Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos ASFADDES y el 4 febrero de 1983, salieron por primera vez a la calle armadas y armados, con las fotos y los nombres de sus seres queridos escritos en pancartas, con el dolor ahogado en la garganta y sus voces exigiendo su aparición con vida, y el juicio y castigo a los culpables, apoyados por un grupo de estudiantes afectados y dolidos también por la ausencia de sus compañeros de aulas.

En ese tortuoso inicio de solitaria denuncia callejera, los familiares de los desaparecidos buscaron el apoyo y solidaridad, de las Asociaciones de familiares de otros países latinoamericanos congregados en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos- Desaparecidos FEDEFAM, que tenía un proceso de trabajo a nivel de las instancias internacionales, especialmente una naciente interlocución con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e involuntarias de la ONU como también una labor de incidencia con la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

Los familiares de los desaparecidos congregados en Asfaddes, iniciaron un nuevo desafio en su ya constante lucha de amor por ellos, incursionando en elámbito de la Asamblea anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presionando mediante el testimonio directo de los familiares de las víctimas instar al gobierno colombiano, que en 1988 se vio obligado a invitar al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e involuntarias a visitar Colombia y pudiese conocer y constatar la situación de la desaparición forzada.

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, la desaparición forzada pasó a ser no sólo selectiva, sino que se convirtió en una práctica masiva de terror, extendiéndose a todos los sectores sociales, líderes populares urbanos y rurales, aplicándose también a personas que por el solo hecho de habitar ó transitar en zonas de grandes riquezas naturales, fuertes procesos sociales y agudo conflicto armado, se convirtieron víctimas, engrosando las listas de desaparecidos existentes. Caracterizándose en su ejecución por grupos paramilitares, que actuaban en complicidad, tolerancia y aquiescencia del Estado; evidenciado que la desaparición forzada es una política de terror gestada y ejecutada desde mismo Estado.

Ante la falta de voluntad política del Estado colombiano, para buscar, investigar y castigar a los responsables y ante la ausencia de herramientas judiciales que reconocieran la desaparición forzada como delito, Asfaddes, asumió el reto de lograr su tipificación, iniciando un camino de insistencia y persistencia por lograrlo.

Presionando mediante ayunos, marchas, plantones e interlocución con los congresistas de los diferentes periodos gubernamentales, la tipificación de la desaparición forzada como delito. Labor difícil por la indiferencia de la clase política ante la tragedia vivida por los familiares de los desaparecidos que cada día aumentaban y la alarmante impunidad en los casos sucedidos y después de doce largos años, finalmente el 10 de julio de 2000 se aprueba la ley 589.

El nuevo milenio trajo consigo la maquinaria de muerte y el desborde de la crisis humanitaria, con máxima expresión de crueldad específicamente en la desaparición forzada, siendo utilizada como practica indiscriminada de dominio y exterminio de comunidades y poblaciones en regiones de intereses económicos y territoriales, llenando de miedo pánico y terror a los familiares de las víctimas que para conservar sus vidas han tenido convertir el silencio y la mordaza, contradictoriamente en garantía de vida, situación que ha impedido dimensionar la realidad de la tragedia de la desaparición forzada en Colombia.

Con la aprobación de la ley 975, se ha querido perpetuar la impunidad, el perdón y el olvido, desconociendo el pensar y sentir de las víctimas que con sus incansable labor por lograr el reconocimiento de sus derechos a la Verdad Real, la aplicación de la Justicia, proporcional a la gravedad de los hechos, la Reconstrucción de la Memoria Histórica pilar de la Reparación integral, que no se puede simplificar a un aporte simplemente económico que lo que hace es negar la posibilidad de dignificar a las víctimas y rescatar su buen nombre, sus sueños, proyectos de vida y sus aportes en la transformación para alcanzar una sociedad justa y en paz.

Las recientes declaraciones hechas desde Buenos Aires Argentina, por el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e involuntarias, Santiago Corcuera, quien manifestó su preocupación porque Colombia es el país donde aun se sigue desapareciendo dos ó tres personas por día, a pesar de ser uno de los países que cuenta con un buen número de herramientas jurídicas para buscar a los desaparecidos, sancionar a los responsables, no existe la voluntad política para aplicarlas superar la impunidad y garantizar la no repetición.

Prueba de ello es el caso reciente de la desaparición forzada de GUILLERMO RIVERA FUQUENE, líder de Sindicato de la Contraloría, militante del Partido Comunista y miembro del Polo Democrático, sucedida el 22 de abril en el sector del Tunal al sur de Bogotá y que a pesar de la solicitud de activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente a escasas horas de los hechos no fue posible encontrarlo con vida y por el contrario, sus familiares vivieron el calvario de la ineptitud de los funcionarios que conocieron del caso y el dolor de encontrarlo como NN en la ciudad de Ibagué.

No se puede pasar por alto que la Lucha, Resistencia y Persistencia de los familiares, por lograr Verdad, Justica y Memoria durante más de 25 años, ha sido objeto de señalamientos, hostigamientos, persecuciónes y amenazas, queriendo acallarlos y en sus afán por destruirla los enemigos de la vida, la libertad y la justicia, han desaparecido, a quienes se organizan para denunciar y exigir la aparición con vida de sus seres queridos y la sanción a los responsables como lo sucedido a miembros de Asfaddes ANGEL JOSE QUINTERO y CLAUDIA PATRICIA MONSALVE, detenidos – desaparecidos el 6 de octubre de 2000 en la ciudad de Medellín y a personas que han compañado y apoyado esta lucha como los abogados Alirio de Jesús Pedraza Becerra desaparecido el 4 de julio de 1990 en Bogotá y Eduardo Umaña Mendoza, asesinado el 18 de abril en Bogotá.